Estamos defendiendo jurídicamente a la Administración Distrital”: Edinson Bioscar Ruiz Valencia, jefe de la Oficina Jurídica

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Publicado: 2025-07-01 21:59:02
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Buenaventura, D.E., 30 de junio de 2025. La Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura adelanta un proceso de reingeniería en la atención de los casos judiciales que enfrenta la entidad, por instrucciones de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez.

“Cuando llegamos a este gobierno encontramos casi mil procesos judiciales activos. Había medios de control, acciones de reparación directa, contractuales, de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros. Muchos de estos procesos no contaban con abogados asignados. Gracias al respaldo de la alcaldesa, logramos asignar un profesional a cada uno”, explicó Edison Bioscar Ruiz Valencia, jefe de la Oficina Jurídica.

Durante esta Administración no se han presentado reveces judiciales por concepto de reparación directa ni contractual. Además, se han resuelto satisfactoriamente acciones populares y tutelas, procesos que históricamente representan grandes desafíos para cualquier gobierno local.

“Nos ha tocado atender múltiples tutelas que hemos logrado sacar adelante. Incluso, hemos enfrentado desacatos y órdenes de arresto contra la alcaldesa, motivadas por fallos imposibles de cumplir por falta de recursos", puntualizó Ruiz Valencia.

Uno de los retos más significativos ha sido el relacionado con la consulta previa de los administrativos docentes. Aunque la orden fue impartida al gobierno anterior, fue esta Administración la que debió asumir sus consecuencias, incluida una orden de arresto y el pago de una multa contra la mandataria. “Organizamos la situación financiera y jurídica, y logramos conseguir los recursos para cumplir con la consulta”, afirmó el funcionario.

Otro caso emblemático es la orden judicial emitida al gobierno anterior para conseguir un lote destinado al nuevo relleno sanitario en un plazo de tres años. El incumplimiento generó una nueva orden de arresto. Se ofreció un predio, pero este tenía problemas de falsa tradición, ya que pertenecía a un consejo comunitario y no a la persona que decía ser su propietario. Esto obligó a iniciar el proceso desde cero.

“Hemos tenido que asumir institucionalmente sentencias de años anteriores, como una de 2020 relacionada con una escuela en Juanchaco, otra sobre el río Yurumanguí, y una más por daños ocasionados por vertimientos en el río Anchicayá. Aunque no son responsabilidad directa de este gobierno, nos corresponde como institución enfrentarlas”, añadió el jefe jurídico.

Gracias al proceso de reorganización y a la aplicación de la Ley 550, se logró inicialmente la suspensión de embargos y procesos ejecutivos, y posteriormente su levantamiento. Actualmente, la Administración Distrital no enfrenta procesos judiciales por reclamaciones ciudadanas activas.

La Oficina Jurídica continúa su labor en defensa de los intereses del Distrito, enfocándose en la prevención del daño antijurídico y el control de legalidad.

Oficina de Prensa y Comunicaciones

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