Sin contratiempos la Administración Distrital llevó a cabo la audiencia pública de la sentencia T-550

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• Publicado: 2016-09-11 20:51:34
• Actualizado: 2016-09-12 09:04:17
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Por más de nueve horas el alcalde Eliécer Arboleda Torres, el gabinete distrital, representantes del Ministerio Público y la comunidad de la Zona Sur de la Isla Cascajal hicieron seguimiento al proceso de la sentencia, espacio donde las partes continuaron con las concertaciones.

 

Con un acto de transparencia la Administración Distrital reconoció que no tenía información sobre la Sentencia T550, razón por la cual, se apoyó en la Financiera de Desarrollo Territorial, (Findeter), para proceder con el caso como lo indica la Corte Constitucional.

 

“A pesar que nuestro deber es proteger a las comunidades afectadas con macropoyectos y evitar atropellos de desalojo, estamos cumpliendo con lo que nos dicta la Corte Constitucional en defensa de los derechos de nuestra gente y de las comunidades”, precisó Eliécer Arboleda Torres, alcalde Distrital de Buenaventura.

 

El senador Alexander López mencionó que el Señor Alcalde cuenta con su apoyo en el proceso de concertación y las exigencias impartidas por la Corte.

 

Durante la audiencia pública algunos líderes expresaron que dejaron sus barrios no por el proyecto de renovación urbanística Malecón Bahía de la Cruz, sino por la violencia que azotaba al sector y los atemorizaba.

 

Eulíces Gil, miembro de la Junta de Acción Comunal, (JAC), de la Ciudadela San Antonio afirmó: “Fui víctima directa del conflicto armado en Muro Yusti. Hoy en día mi familia y yo vivimos en tranquilidad, además del bienestar que tienen mis hijos y eso no tiene precio”.

 

Igualmente, Guillermo Valencia Hurtado, presidente de la JAC de Campo Alegre, manifestó que durante los años 2007 y 2008 los habitantes de las comunas tres y cuatro padecieron día y noche el flagelo, motivo por el cual, la mayoría de las familias hoy habitan en San Antonio.

 

El Mandatario Local hizo referencia a la responsabilidad que tiene con los habitantes de San Antonio, concerniente al puesto de salud y zonas de esparcimiento que necesita la población. A su vez, aseguró, “cumpliremos con la Sentencia T-550 de la mano de las comunidades afectadas y los representantes del Ministerio Público, garantes del proceso a través de las mesas de trabajo y las audiencias públicas”.

 

 

 

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